Ayudas a la Prensa, sí o sí

El sector de la comunicación parece no acabar de ver luz al final del larguísimo túnel que viene atravesando desde hace más de un año. El goteo de malas noticias es constante: caídas de ingresos publicitarios, despidos, cierres... Ante esta situación, y a la vista de lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno, se planteó la posibilidad de que las administraciones ofreciesen algún tipo de ayudas. Sin embargo, esta opción no ha dejado de traer polémica. Para empezar, en un principio no parece que la idea calase mucho en el Gobierno, cuyo déficit público alcanza límites poco recomendables. Pero lo que es más curioso es que ni siquiera dentro del sector hay unanimidad al respecto.
Tanto es así, que mientras que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha manifestado en contra de la concesión de ayudas directas a los medios, algunas de las asociaciones englobadas en la FAPE han matizado este rechazo y aceptan un plan de ayuda gubernamental, siempre que «incorpore como compromiso esencial la defensa del trabajo, empleos con calidad, la dignidad profesional y la puesta en marcha de proyectos viables económicamente que respalden el trabajo de los periodistas».
La presidenta de FAPE, Magis Iglesias, aseguró recientemente en el transcurso de un curso en la Universidad de Málaga, bajo el título «La prensa en crisis: hacia un cambio de modelo», que «las inyecciones de ayudas directas resultan letales para la independencia de los medios de comunicación y que, en buena parte, han sido culpables de la inflación de medios que padecemos».
Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid, el Col.legi de Periodistes de Catalunya, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Unió de Periodistes Valencians, aseguran, en un comunicado conjunto hecho público el pasado 14 de julio, que «las ayudas públicas propuestas en forma de créditos, de aplazamientos de cuotas sociales, de ayudas directas a la difusión y a la formación para contribuir a la reestructuración del sector, nos parecen adecuadas pero deben ser transparentes, públicas y con compromisos claros por parte de quienes se van a favorecer de ellas, incluidos los periodistas. Las ayudas deben tener como contrapartida un compromiso de los editores para defender la independencia, autonomía y profesionalidad de los medios y de los periodistas. Como estamos convencidos de que se sirve mejor al periodismo cuando la parte empresarial y periodística está comprometida con los valores de la profesión, defendemos que el marco adecuado para fijar este compromiso es el Estatuto del Periodista, del que el Código Deontológico es una pieza fundamental».
En cualquier caso, se está debatiendo sobre la nada, puesto que, por ahora, el Gobierno no ha clarificado su postura al respecto de estas ayudas y, aunque finalmente decidiese sacar adelante un plan, éste no llegaría antes de unos meses, es decir que, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de finales de 2009 o comienzos de 2010, un año más tarde de que Nicolas Sarkozy pusiera en marcha un plan en el país vecino con más de 600 millones de euros para ayudar a la prensa.
Para cuando salga adelante, si es que finalmente ocurre, muchos medios habrán quedado ya por el camino y miles de empleos se habrán perdido definitivamente –cerca de 2.500 desde noviembre de 2008 según la FAPE–. De modo que cabría esperar de todos los colectivos que representan al sector que se pongan de acuerdo y que hagan fuerza de forma conjunta para sacar adelante ese plan, ya sea en forma de ayudas directa, ya con cualquier otro tipo de medidas posibles, pues la supervivencia de las empresas periodísticas y el mantenimiento de los puestos de trabajo está por encima de cualquier otro condicionante.